Miercoles 22 de abril de 2009
Discurso del Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciado Francisco Cuevas Godínez, durante la clausura de los trabajos del Seminario IFA 2009, que se efectuó en un hotel de la Ciudad de México, el miércoles 22 de abril de 2009.
Contador Público Ricardo Rendón, Presidente del Consejo Directivo de IFA Grupo Mexicano;
Licenciado Oscar Molina, Subprocurador Fiscal de Amparo de la Procuraduría Fiscal de la Federación;
Licenciado Ulises Castillo, Administrador Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes;
Licenciado Enrique Ramírez, Socio del despacho Chevez, Ruiz y Zamarripa;
Licenciado Alejandro Calderón, Socio del despacho Capín y Calderón;
Señoras y señores:
Agradezco a la sección mexicana de la Asociación Fiscal Internacional su invitación para clausurar los trabajos de este Seminario IFA 2009.
Los temas que aquí se abordaron y la calidad de sus participantes, honran el compromiso de esta Asociación con el estudio del derecho fiscal internacional, así como de los aspectos jurídicos y económicos de la tributación.
Contar con un sistema de justicia fiscal eficiente es actualmente tan importante como lo ha sido a lo largo de la historia del Estado moderno.
Como lo observaron Roger Merriman y Crane Brinton en sus extensos estudios sobre revoluciones en Europa y América, una de las condiciones comunes a la mayoría de esos fenómenos fue la ausencia de un sistema en el que los ciudadanos pudieran ventilar jurídicamente su descontento ante la actuación ilegal de su gobierno, especificamente en materia tributaria.
Una de las expresiones más claras de la estabilidad social de que ha disfrutado nuestro país desde el siglo pasado es la existencia de instituciones en las que puedan resolverse las controversias entre particulares y las instituciones públicas, sobre todo las de carácter económico.
De hecho, la cuestión fiscal y sus controversias revisten una importancia capital en un mundo cada vez más integrado y competido, el cual, por la intensidad de las relaciones financieras y comerciales entre individuos, las empresas y las naciones, exige claridad, objetividad y equilibrios en su regulación.
Afortunadamente, desde hace ya más de 70 años la comunidad internacional cuenta, para la modernización permanente del sistema fiscal, con la experiencia, el conocimiento y el compromiso de los integrantes esta Asociación.
El interés de México por mantener al día y perfeccionar constantemente la legislación y operación de la actividad recaudatoria, se confirma con la participación de distinguidos integrantes de la Procuraduría Fiscal de la Federación y del Servicio de Administración Tributaria en este Seminario, compañeros servidores públicos, a los cuales saludo con el afecto de siempre.
Como parte de su transición a la democracia plena, nuestro país vive una intensa etapa de actualización de sus leyes en prácticamente todos los ámbitos jurisdiccionales, incluido el fiscal, con el fin de consolidar y robustecer nuestro Estado Democrático de Derecho.
Uno de los desafíos más grandes de las instituciones públicas en México es recuperar la confianza de la ciudadanía, que a lo largo del tiempo presentó diversas y severas fracturas, debido a los insuficientes o francamente deficientes resultados que de ellas obtenía la población.
La impartición de justicia no es ajena a este fenómeno, y para propiciar, extender y arraigar entre la población una nueva cultura de apego a las leyes, las instituciones públicas deben predicar con el ejemplo.
Con esta convicción, los integrantes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, sobre la base de una sólida tradición de servicio y honestidad, para hacer más efectivo el derecho constitucional de acceso pronto y expedito a la justicia.
Los desafíos por superar son enormes. El primero es la constante ampliación de las competencias del Tribunal a lo largo de los años, que se deriva de agregar las materias administrativas a la fiscal, de la creciente capacidad de la Administración Pública Federal para emitir actos, y de la mayor disposición de los ciudadanos a defender sus derechos ante los órganos jurisdiccionales.
La insuficiente estructura es otro reto de consideración. Tan solo un dato que lo ilustra: durante 1998, ingresaron al Tribunal 40 mil nuevas demandas y contaba con 30 Salas Regionales; diez años después, en 2008, ingresaron 136 mil nuevas demandas a las 41 Salas Regionales que hoy tiene el Tribunal.
De esta manera, durante los últimos diez años el número de nuevas demandas se incrementó 240 por ciento, mientras que la estructura jurisdiccional aumentó tan sólo en un 37 por ciento. En consecuencia, el retraso en la atención de los asuntos aumentó gradualmente.
Mediante un programa especial de atención al rezago, puesto en marcha el año pasado, comenzamos a superar con éxito el atraso, si bien todavía no alcanzamos el punto de equilibrio deseado.
Acrecentar el número de salas y de personal calificado en el número requerido por la operación tradicional, no es posible en momentos de dificultad económica como el que vivimos. La alternativa, entonces, es emplear estrategias de gestión imaginativas, que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional.
Una de ellas es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías digitales, como el cómputo y la comunicación digital por la Internet, para establecer sistemas modernos y confiables que permitan a la sociedad acceder fácil y rápidamente a la impartición de justicia.
El Juicio en Línea es una de estas estrategias. Para los justiciables, sustanciar el proceso vía Internet de manera segura, desde que se presenta la demanda hasta que se dicta la sentencia, y consultar su expediente en cualquier momento del día, significa acceso total a la justicia fiscal y administrativa.
Para el Tribunal, el nuevo sistema representará más tiempo para el estudio y análisis de los casos y menos tiempo en trámite, lo cual elevará la eficiencia y calidad de la función jurisdiccional.
La toma de decisiones será más eficiente, ya que el Sistema de Justicia en Línea constituirá un acervo integral, permanente, objetivo e inmediato de información para la planeación y la medición de todo el desempeño de la institución.
El Sistema garantizará la inalterabilidad, autenticidad, durabilidad y seguridad de todos los documentos, promociones y actuaciones que se incorporen a él. Los usuarios contarán con firmas electrónicas debidamente validadas.
El justiciable podrá optar entre un juicio en línea o el proceso tradicional escrito. Si solicita la opción digital, deberá ofrecer un correo electrónico para que se le envíen los avisos de ingreso al sistema, a efecto de que pueda consultar su expediente y que surtan efecto las notificaciones. En este caso, las autoridades demandadas quedarán obligadas a utilizar también el mismo sistema. Las documentales digitalizadas tendrán el mismo valor probatorio que los documentos físicos.
Esta será la primera vez que un Tribunal mexicano adopte y ofrezca a los justiciables un sistema de impartición de justicia digitalizado. La intención es que, más adelante, otros órganos jurisdiccionales puedan adoptar este procedimiento, en beneficio de la atención oportuna y eficaz que los justiciables esperan pero, sobre todo, se merecen.
Afortunadamente, la implantación del sistema ha contado con la comprensión, colaboración y respaldo de los tres poderes de la República.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aportó a través del Fondo Jurica recursos para iniciar el desarrollo del proyecto. Por su parte, el Presidente de la República envió al Honorable Congreso de la Unión el pasado 26 de marzo la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para dar lugar al Juicio en Línea.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se abocó de inmediato a analizarla y a realizar consultas con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Colegios e instituciones académicas, y personalidades interesadas en la materia.
El 2 de abril pasado fue aprobado el dictamen por la Cámara de origen, y hace una semana lo remitió al Senado de la República, donde actualmente se analiza.
El compromiso del Tribunal es poner en funcionamiento el Juicio en Línea a más tardar en 18 meses, a partir de la publicación de la reforma legal, en el Diario Oficial de la Federación.
Las inconformidades de orden tributario, que constituyen la mayor parte del volumen de asuntos que se atienden en el Tribunal, encontrarán en este sistema un instrumento muy valioso para su desahogo oportuno y eficiente. Los invito de manera muy respetuosa a formar parte de este esfuerzo pionero, que, esperamos, pronto esté a su disposición.
En resumen, el Juicio en Línea se ofrece a la Nación como un bien público que contribuya a la excelencia de los servicios jurisdiccionales, con un horizonte de largo alcance, para que pueda ser incorporado a los servicios de justicia de otros Tribunales del país.
De esta forma, y con base en una interpretación actualizada del artículo 17 constitucional, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reafirma su compromiso con una impartición de Justicia Total, es decir, con una justicia al alcance de todos los que la requieran, con una justicia eficiente, con calidad, seguridad y prontitud, para fortalecer el Estado Democrático de Derecho.
Deseo terminar estas palabras con un reconocimiento muy especial del Tribunal que represento al compromiso de organizaciones como ésta con el perfeccionamiento de la legislación fiscal en México y el mundo.
Finalmente, les ruego ponerse de pie para dar paso a la declaratoria de clausura.
En la Ciudad de México, siendo las 17 horas con 56 minutos del miércoles 22 de abril de 2009, me es muy grato declarar formalmente clausurados los trabajos del Seminario IFA 2009.
¡Enhorabuena! y buenas tardes!.
-- Dirección General de Comunicación Social --