lunes 24 de mayo de 2010
DISCURSO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, FRANCISCO CUEVAS GODÍNEZ, DURANTE LA FIRMA DEL PACTO NACIONAL POR EL ACCESO A LA JUSTICIA, EN LA ANTIGUA ESCUELA NACIONAL DE JURISPRUDENCIA, EL LUNES 24 DE MAYO DE 2010.
Con su permiso Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia; Ministro José Ramón Cossío Díaz, señor Ministro integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; distinguidos integrantes del presidium; señores Magistrados y Jueces, representantes de los Colegios de Abogados y de instituciones académicas.
Señoras y señores.
Me siento muy honrado dirigirme a ustedes en nombre de los Tribunales Estatales de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior Agrario y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Hoy hemos suscrito el Pacto Nacional por el Acceso a la Justicia, en un momento de definiciones esenciales para el futuro de México. Entre estas definiciones, una fundamental es la de la justicia.
Como pocas veces, en la historia reciente, los mexicanos tenemos claro que el problema central de nuestro tiempo es, precisamente, la justicia en sus tres tipos esenciales: la distributiva, la conmutativa, y la retributiva.
Como abogado sabemos que la finalidad del derecho es la justicia. Sin embargo, para que ésta sea una realidad cotidiana es preciso que exista un estado de derecho que funcione, que brinde certidumbre en el cumplimiento de las leyes.
En nuestro diseño constitucional el estado de derecho se crea a través de la función legislativa, se actualiza mediante la función ejecutiva y se consolida y fortalece en el ejercicio de la función jurisdiccional de la que depende, en última instancia, la seguridad jurídica.
En la construcción del México que queremos para este siglo, los órganos de impartición de justicia están obligados a revisar a profundidad su organización y sus procesos a la luz de la riqueza de sus experiencias, de sus nuevas competencias y de los avances que, en diversos aspectos, observamos en la escena internacional.
Los mexicanos tenemos cada vez más claro que, para vivir en paz y prosperar bajo el imperio de la ley, es indispensable perfeccionar la forma en que se imparte justicia en nuestro país.
Para ello, es fundamental que en el centro de todas las decisiones que se tomen esté siempre el concepto de servir mejor a los justiciables. Así, los cambios que se emprendan han de dirigirse hacia el acceso total a la justicia, a lograr una mayor calidad y eficiencia en la resolución de los conflictos y a fortalecer la autonomía de los órganos jurisdiccionales. Éste es el sentido de futuro del Pacto Nacional por el Acceso a la Justicia.
Ahora bien, la autonomía jurisdiccional no puede lograrse a plenitud si no se cuenta también con una autonomía presupuestal. Por eso, en el marco del Pacto que hoy suscribimos, propongo que se analice cuál sería la forma idónea para dotar a los órganos jurisdiccionales de suficiencia y autonomía presupuestal.
Propongo que se trabaje en la construcción de un modelo de presupuesto por resultados, conforme a los requerimientos de cada una de nuestras instituciones, que considere los cambios que se requieren en su organización y funcionamiento y, en su caso, se formulen los proyectos de reformas legales necesarias para llevarla a cabo.
El orden jurídico nacional es uno solo y para funcionar adecuadamente requiere que todos sus componentes mantengan una organización sistémica y un principio de consistencia en cada uno de sus actos. De ahí la importancia de que contemos, por primera vez en nuestra historia, con un espacio integrador para consolidar las capacidades de los órganos jurisdiccionales como es la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.
Hago un reconocimiento público de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por haber impulsado, con visión de futuro, la conformación de este espacio común. A poco más de tres años de constituida, la AMIJ rinde buenos resultados, no solamente en la construcción de consensos, sino también en la asesoría técnica y el acompañamiento de sus integrantes para la mejora institucional en todas las ramas jurisdiccionales.
El Tribunal Superior Agrario pertenece a la AMIJ desde que ésta se constituyó. A 18 años de su creación, dotados de autonomía y plena jurisdicción, los tribunales agrarios han acumulado una rica experiencia para llevar la justicia al campo mexicano, la cual se verá favorecida con el apoyo recibido de la AMIJ, en la difusión de sus actividades a los justiciables del agro nacional.
En materia fiscal y administrativa, el justiciable sabe que puede recurrir a instancias accesibles e imparciales para resolver conflictos con la autoridad administrativa. El desarrollo económico, la estabilidad y la paz social se ven favorecidos. De ahí la trascendencia del esfuerzo que viene desarrollando la AMIJ, especialmente a través del Fondo Jurica, para propiciar el funcionamiento eficaz de los Contenciosos Administrativos de todo el país, como un anticipo del pacto que hoy firmamos.
Un paso necesario ha sido identificar los nudos y limitaciones que frenan la eficiencia de la justicia administrativa y las oportunidades para superarlos. Por ello, reconozco la pertinencia del proyecto impulsado por la AMIJ para realizar un diagnóstico de los Tribunales Contenciosos Administrativos de las entidades federativas. Sus resultados y el intercambio de experiencias en el seno de nuestra asociación conducirán, sin duda, a proponer mejoras en la legislación, las políticas y la organización de estos tribunales para el beneficio de los justiciables.
Por lo que respecta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, valoramos especialmente el apoyo financiero recibido del Fondo Jurica para el proyecto de Juicio en línea. Sin el espacio de la AMIJ, sin el respaldo del Fondo Jurica, sin la visión y sensibilidad de los Ministros de la Corte, este proyecto no hubiera sido posible.
En diciembre de este año, como nos ordena la ley, pondremos en funcionamiento el Sistema de Justicia en Línea. Este proyecto representa un cambio de paradigma en la forma de impartir justicia administrativa en el país. Estamos construyendo el nuevo sistema con la mayor responsabilidad y cuidado, pues estamos conscientes de que su éxito representa la posibilidad de adaptarlo en otros órganos jurisdiccionales.
Con las iniciativas que se ha apoyado en la AMIJ, hoy fortalecidas con el Pacto suscrito, se acredita el compromiso de los órganos jurisdiccionales del país, con el cambio institucional, con la mejora del sistema y con el acceso completo y oportuno a la justicia, que es un derecho de todos los mexicanos.
Por su atención, muchas gracias.
-- Dirección General de Comunicación Social --